Resumen: La Sala estima el recurso de apelación interpuesto por el Sindicato Federación de Técnicos y Profesionales de la Sanidad contra la vía de hecho de un hospital al dar órdenes de limpieza y desinfección de equipos de protección individual reutilizados por otros profesionales sanitarios que tratan pacientes de Covid-19. Inexistencia de incongruencia omisiva en la aplicación de la vía de hecho pues en la contestación a la demanda no se efectuó alegación alguna invocando su improcedencia. Sobre el incumplimiento de una Orden de 1973, por su antigüedad no afecta al ser ajena a la realidad social actual. No existe norma, legal o reglamentaria, que ampare la obligación impuesta a los auxiliares de clínica de limpieza de los equipos de protección individual La interpretación lógica y finalista lleva a que se estime el recurso pues se impone una obligación que no prevista en la ley y que no se explica que la manipulación del material sensible para las infecciones se imponga a terceros, no al propio personal que lo usa o a una empresa especializada.
Resumen: Recurre el actor la sentencia que declara procedente su despido (por competencia desleal durante la IT), reiterando la ilicitud de la prueba de e-mails. Motivo (de nulidad) que la Sala rechaza pues la consecuencia de que el Juzgador basase su convicción en elementos de prueba ilícitos, y la controversia se resolviera sin tenerlos en cuenta exigiría que los hechos apoyados en esos elementos probatorios se cuestionasen por la vía procesal correspondiente. Tras rechazar el también alegado déficit de motivación examina lo alegado sobre la ausencia de prestación de servicios para otra empresa; reiterando que la verdadera razón de su despido fue padecer COVID persistente. Cuestión que el Tribunal analiza desde la dimensión que ofrece un (revisado) relato fáctico (del que resulta que la conducta infractora se basa exclusivamente en los correos electrónicos, ya que los contactos personales resultantes del informe de detectives quedaron fuera del mismo); como también de la advertida circunstancia de no haberse invocado la infracción del art. 55 ET. Pero siendo así que su contenido sólo constata que el trabajador fue incluido en conversaciones relativas a la posible puesta en marcha de un establecimiento hostelero que sería director si se llevaba a término, no se considera ni la infracción que se le imputa por actividad en período de IT (atendido su diagnóstico), como tampoco que la misma implicase competencia desleal pues no consta acreditado un pacto específico y su efectividad.
Resumen: La sentencia confirma la condena del recurrente, que creó la Fundación Benéfica San Andrés con la finalidad de continuar en la actividad de promoción inmobiliaria que venía desarrollando, siendo que la misma se constituyó como un puro instrumento defraudatorio para acogerse a un régimen fiscal privilegiado, eludiendo así el pago del Impuesto de Sociedades que correspondía por la actividad societaria efectivamente realizada desvinculada de todo fin social. Sobre la denegación de comparecencia del perito de parte en el acto del juicio, se admite que la decisión adoptada por el tribunal de instancia resulta cuestionable, si bien no se estima que la irregularidad no arrastra la nulidad del juicio pretendida pues no detectamos que, pese a ella, se haya afectado al nivel exigible de equidad del proceso, reduciendo de manera constitucionalmente incompatible las expectativas de defensa. la parte no identifica suficientemente en qué medida la presencia del perito hubiera comportado un significativo reforzamiento de la posición de la defensa, en los términos a los que se refiere el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia Murtazaliyeva. El recurrente se limita a identificar la irregularidad, pero no revela que el tribunal no entendiera o malentendiera las informaciones periciales contenidas en el dictamen De contrario, no cabe duda de que el tribunal identificó todas las razones expuestas por el perito y que de manera precisa y motivada las refutó.
